Por: Federico Snap
Las democracias no mueren de un balazo. Generalmente se marchitan poco a poco, entre decretos, reglamentos y leyes que, bajo el noble argumento de “proteger al pueblo”, terminan acotando precisamente el derecho más incómodo para cualquier gobierno: la libertad de expresión.
La llamada “Ley Censura” —como ya la bautizaron sus detractores— divide opiniones. El oficialismo asegura que sólo pretende poner orden en las telecomunicaciones, proteger a las audiencias y evitar la injerencia extranjera en los medios de comunicación.
Cuchara de plata…
Suena bien. Muy bien, incluso. El problema comienza cuando el árbitro también pertenece al equipo que está jugando el partido.
Porque la historia enseña que ninguna censura nace llamándose censura. Todas llegan disfrazadas de regulación, de seguridad nacional, de combate a la desinformación o de protección de derechos. El lenguaje cambia; el resultado suele ser el mismo: menos voces incómodas y más prudencia para quien pretenda cuestionar al poder.
La libertad de expresión no se pone a prueba cuando todos aplauden al gobierno. Su verdadero examen llega cuando un periodista revela un caso de corrupción, cuando un ciudadano denuncia abusos o cuando un medio publica información que incomoda al poder político. Es entonces cuando una legislación ambigua puede convertirse en garrote.
México ya conoce ese camino. Durante décadas, el control de los medios no siempre se ejerció con prohibiciones abiertas. Bastaban el retiro de publicidad oficial, las concesiones condicionadas, las inspecciones administrativas o las presiones económicas para que muchos optaran por el silencio. La autocensura siempre ha sido más barata que la censura abierta.
Porque las leyes permanecen; los gobiernos cambian.
Y si algún día el poder cae en manos de quienes hoy son oposición, también ellos heredarán esas facultades. Entonces descubrirán que las herramientas creadas para controlar al adversario terminan, tarde o temprano, utilizándose contra quien las fabricó.
Las libertades nunca se defienden cuando ya se perdieron. Se protegen antes. Cuando todavía es posible debatir, disentir y cuestionar sin pedir permiso.
Al final, la mejor garantía contra la mentira nunca será el silencio impuesto por el Estado. Siempre será una sociedad mejor informada, una prensa libre y ciudadanos capaces de distinguir por sí mismos entre la verdad, la propaganda y la manipulación.
Como decía un viejo periodista: cuando un gobierno comienza a preocuparse demasiado por lo que se dice de él, quizá el problema no sean las palabras… sino los hechos.
Al tiempo…
Federico Snap/DHM…