La fiscalía del Tribunal Supremo español investigará si existe responsabilidad penal del rey emérito Juan Carlos en una trama de presuntas comisiones por un contrato en Arabia Saudita, que alimenta las sospechas de una fortuna opaca del antiguo monarca.
Desde 2018, la justicia investiga estos hechos del 2011 pero el Triunal Supremo es el único que puede indagar las acciones del monarca y solamente a partir de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad como jefe de Estado.
La fiscalía del alto tribunal explica que asume la causa porque Juan Carlos I, de 82 años y retirado en 2019 de la vida pública, es “una de las personas involucradas en los hechos investigados” y son necesarias “nuevas diligencias que afectan directamente” a su figura.
La causa se inició en septiembre de 2018 a raíz de las filtraciones de unas grabaciones a su examante, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, que aseguraba que Juan Carlos I había cobrado a través de una intermediaria iraní una comisión por la concesión del tren de alta velocidad entre La Meca y Medina a un consorcio de empresas españolas.
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