Los datos no mienten: 69 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social. A ninguno de los sistemas, ni al IMSS ni al ISSSTE. Uno de cada cinco mexicanos, de acuerdo a Coneval, tiene carencias de acceso a atención sanitaria. Dicho indicador alcanza el 45% en algunas entidades federativas del sur de nuestro país. El seguro popular, implementado desde el sexenio de Vicente Fox, redujo a la mitad el número de mexicanos que no pueden acceder a servicios de salud. No obstante, lo hizo de forma precaria, sin ampliar la base de seguridad social y con notables escándalos de corrupción. El seguro popular quedó enterrado el martes pasado y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador inaugura la era del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).
La apuesta del Gobierno de México parece sensata. Corrijo, la aspiración de universalizar el acceso a la salud pública en México es una obligación de cualquier proyecto político que se asuma como progresista. Durante décadas, el desmantelamiento del sector público ha provocado el abandono de millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de seguridad social. De acuerdo con el Coneval, casi 70 millones de mexicanos carecen de seguro social.
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