México cuenta con un marco normativo que reconoce casi todos los derechos de las mujeres: sexuales, reproductivos, a la no violencia, a la construcción de las políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género, entre otros. El problema viene cuando se tiene que aplicar lo que establece la Ley, coincidieron algunas de las especialistas convocadas por la Organización Editorial Mexicana (OEM) durante su sexta reunión del Consejo de Género.
Hay avances progresistas en el marco legal en materia de género que surge de la lucha, pero las mujeres aún están lejos de acceder a la justicia.
La abogada Andrea Medina explicó que en los últimos 30 años se ha modificado el marco normativo con perspectiva de género, pero quienes operan la justicia, ya sean litigantes, jueces o Ministerios Públicos, no han asumido ese cambio.
En la sexta sesión virtual del Consejo Editorial con Perspectiva de Género, encabezada por Martha Ramos Sosa, directora editorial de la OEM, y con la presencia de directivos de los 45 periódicos que integran el grupo, la litigante recordó que lograr la Ley General de Víctimas fue un proceso de reacción, ante el nivel de desaparición forzada, de asesinatos y de toda la guerra contra el narco. Fue decirle al Estado un ya ¡basta!, reclamar el derecho a participar, a plantear necesidades y recomponer el tejido social.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), describió durante la reunión los dos casos de violencia de género que dieron pie a importantes reformas legislativas en la Ciudad de México: la Ley Ingrid y la Ley Olimpia.
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