El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
La acusación contra el gobernador mexicano se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Los otros señalados por EU, junto a Rocha Moya, son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”.
A los 10 se les acusa de “haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos”. El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
“El Cártel de Sinaloa no solo trafica con drogas letales, sino que es una organización designada como terrorista que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios”, afirmó Terrance Cole, administrador de la Agencia Antidrogas, en el documento en el que se anunció la acusación que, dijo, “pone al descubierto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, lo que permitió el flujo de drogas letales hacia nuestro país”.
Cole aseguró que “nadie está por encima de la ley” y agradeció “a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad cada día y se unen a nosotros para salvaguardar nuestras comunidades. Juntos, seguiremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cartel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
El fiscal Jay Clayton dijo que el Cártel de Sinaloa y otros cárteles no podrían operar “tan libre y exitosamente sin políticos y autoridades corruptas en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios en el mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a traerlos ante la justicia”.