Los más de 1.400 millones de personas que viven en China están constantemente vigilados. Son grabados por cámaras policiales que están por todas partes, en las esquinas y en los techos del metro, en los vestíbulos de los hoteles y en los edificios de apartamentos. Sus teléfonos son rastreados, sus compras vigiladas y sus chats en línea censurados.
Ahora, incluso su futuro está bajo vigilancia.
La última generación de tecnología escarba en las enormes cantidades de datos recogidos sobre sus actividades diarias para encontrar patrones y alteraciones, prometiendo predecir delitos o protestas antes de que se produzcan. Se dirigen a los potenciales alborotadores a los ojos del gobierno chino, no sólo a los que tienen un pasado delictivo, sino también a los grupos vulnerables, como las minorías étnicas, los trabajadores inmigrantes y los que tienen un historial de enfermedades mentales.
Pueden avisar a la policía si una víctima de un fraude intenta viajar a Pekín para solicitar el pago al gobierno o si un consumidor de drogas hace demasiadas llamadas al mismo número. Pueden avisar a los agentes cada vez que una persona con antecedentes de enfermedad mental se acerca a un colegio.
Hay que hacer muchas maniobras evasivas para evitar las trampas digitales. En el pasado, Zhang Yuqiao, un hombre de 74 años que lleva casi toda su vida adulta solicitando al gobierno, podía simplemente mantenerse alejado de las principales autopistas para esquivar a las autoridades y dirigirse a Pekín para luchar por una indemnización por la tortura de sus padres durante la Revolución Cultural. Ahora, apaga sus teléfonos, paga en efectivo y compra múltiples billetes de tren a destinos falsos.
Aunque en gran medida no han sido probadas, las nuevas tecnologías chinas, detalladas en documentos de adquisición y otros revisados por The New York Times, amplían aún más los límites de los controles sociales y políticos y los integran cada vez más en la vida de las personas. En su aspecto más básico, justifican una vigilancia asfixiante y violan la privacidad, mientras que en el extremo corren el riesgo de automatizar la discriminación sistémica y la represión política.
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