La corrupción tiene altos costos sociales y económicos para el país. Se trata de una de las prácticas que en mayor medida erosionan a la democracia por sus múltiples efectos: fractura la vigencia del Estado de derecho; merma el presupuesto público o determina la mala calidad de la obra y los servicios públicos; y genera un contexto de permisividad respecto del respeto y confianza en las instituciones públicas.
Lo anterior se ve reflejado en los más recientes datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE, 2019), presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 54.4% de las y los ciudadanos mayores de 18 años desconfían algo o mucho en las policías de tránsito; 47.4% desconfía algo o mucho en las policías preventivas municipales; 44.2% desconfía de los ministerios públicos; 44.1% desconfía de las policías ministeriales; y 42% desconfía de las policías estatales.
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