Con el apoyo de una diputada de Morena, la oposición en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados aprobó como con mayoría un acuerdo para citar a comparecer al fiscal de Justicia de Campeche, Renato Sales Heredia.
A propuesta del PRI, el acuerdo expone la necesidad de que explique el daño a la Hacienda Pública de más de 800 millones pesos, por la desaparición de un sistema de espionaje durante el tiempo en el que Sales fue titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
El acuerdo precisa que su presencia es para que aclare y justifique diversos aspectos vinculados a la revisión DM19006 practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La propuesta fue presentada por el diputado del PRI, Hiram Hernández Zetina, a través de un oficio que entregó a la presidencia de la Comisión. Planteó realizar la comparecencia el próximo martes 23 de agosto a las 17 horas, previo formato aprobado por la Junta Directiva de la Comisión.
Al respecto, el presidente de la Comisión, diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, explico que el acuerdo se deriva de un proceso de fiscalización a las Cuentas Públicas 2015 al 2019, en las que se determinó un daño al patrimonio de la hacienda pública federal por 807 millones de pesos.
Lo anterior se encuentra fundamentado en lo dispuesto por el artículo 81, fracción XV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al señalar que es una atribución de la Comisión de Vigilancia de la ASF analizar la información en materia de fiscalización superior de la Federación, de contabilidad y de auditorías gubernamentales y de rendición de cuentas, y podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos vinculados con los resultados de la fiscalización, explicó.
Aseguró que su grupo parlamentario está a favor de la fiscalización, lo que queremos es que haya transparencia y rendición de cuentas. “No nos oponemos, de ninguna manera, a la fiscalización; todo lo contrario. Todos los servidores públicos que han utilizado recursos públicos deben ser plenamente auditados”.
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