Hay cosas que son difíciles de explicar. El presidente López Obrador ha hablado hasta el cansancio de su compromiso de resolver el caso Ayotzinapa, pero las autoridades y los jueces parecen empeñados en seguir una ruta, que lo único que logrará será no resolverlo nunca, dejarlo en la memoria colectiva, pero enterrarlo política y judicialmente, algo así como lo sucedido el 2 de octubre del 68.
La liberación de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, jefe de sicarios del cártel de Guerreros Unidos, es incomprensible. Se trata de un personaje que estuvo confeso del propio crimen, del que existen grabaciones telefónicas que lo involucran (enviadas incluso por la DEA a las autoridades mexicanas), que fue acusado también por el resto de los sicarios detenidos, los mismos que también han sido liberados. Un juez ha desestimado 81 de las pruebas que presentó la entonces PGR por considerar que se recabaron de forma ilegal, incluyendo los testimonios de los otros sicarios, argumentando habrían sido obtenidas mediante tortura o a través de detenciones arbitrarias.
No hay forma de comprobar esa tortura, ninguna de las pruebas realizadas oportunamente lo demostró; la propia denuncia de tortura la hicieron sus abogados mucho tiempo después de su detención. Tenemos y hemos exhibido videos de sus declaraciones originales y todos hablan con soltura y sin presiones. Esos son los sicarios a los que la policía municipal les entregó a los jóvenes, a los que los mataron e incineraron en Cocula, a por lo menos 19 de ellos. Todos, además, son sicarios de un grupo criminal, los Guerreros Unidos y así lo reconocen.
¿Qué más es necesario para mantener al autor de 43 asesinatos en la cárcel en nuestro país? De los más de cien detenidos originales, ya 44 han quedado en libertad, incluyendo a la mayoría de los autores materiales. ¿Quién puede decir entonces que se busca justicia en el caso Ayotzinapa? Los jóvenes con estas decisiones están condenados a no tener nunca justicia y a que su muerte quede impune. Por lo pronto, otro peligroso sicario está en la calle. Se debe estar carcajeando de la justicia.
policías
Si hay algo que demuestra el secuestro de los jóvenes de Ayotzinapa es que las policías estatales, y sobre todo municipales, suelen ser parte, están cooptadas por el crimen organizado. Ayer el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció que serán pasadas por polígrafo todas las policías locales para depurarlas. Está bien, pero dista mucho de ser suficiente.
Primero, porque la enorme mayoría de los policías locales no van a pasar el polígrafo. Segundo, porque el verdadero control de confianza debe pasar por la distancia entre sus ingresos y su modo de vida. Lo del polígrafo ya se ha hecho desde el gobierno de Felipe Calderón, por lo menos con los policías federales, y ayuda, pero no alcanza: ¿Cuánto gana un policía, cuánto tiempo lleva en el cargo, y dónde y cómo vive? Esa es la verdadera prueba de fuego.
Pero, además, porque será algo que los estados realizarán voluntariamente, y sabemos que en la mayoría de los casos no se aplicará, o se lo hará, como ahora, selectivamente. En la mayoría de los estados los altos funcionarios de seguridad no pasan un control de confianza para asumir los cargos y por eso nos hemos encontrado con casos como los de Edgar Veytia, detenido en Estados Unidos, pero también con varios otros que están, hoy, en actividad.
Se dice que los elementos que den positivo en el polígrafo serán reemplazados por elementos de la Marina. Vamos a los números: Hay unos 320 mil policías estatales y municipales en el país. Si el 10 por ciento no pasara esa prueba, tendrían que ser reemplazados. Estamos hablando de 32 mil elementos. Son más que todos los que podría tener disponibles para esa función la Semar.
La solución no es esa. La solución estaba en la Ley de Seguridad Interior aprobada el sexenio pasado y ahora abandonada. Hay que establecer un compromiso legal de estados y municipios con la Federación para estructurar un modelo policial homologado en todo el país, con mandos sino únicos, por lo menos concentrados, con manuales de operación, equipo, adiestramiento homologado, se debe crear un instituto policial (tipo Colegio Militar) que implemente una carrera policial (eso se puede hacer a partir de la misma Guardia Nacional) y todos mandos policiales del país, comenzando por los secretarios de seguridad pública estatales, deben estar certificados por ese instituto.
Sin eso no se solucionara, la crisis de seguridad, no se pacificará al país. Pedir que se depuren en forma voluntaria las policías, que no se han depurado en todos estos años, es lo mismo que hacer un llamado a misa. La otra opción es Michoacán y sus autodefensas ligadas al narco.