Si la nueva reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es aprobada, el Gobierno debe prepararse para la posibilidad de que Estados Unidos lo arrastre a un choque comercial, coincidieron expertos en la materia.
El capítulo de inversiones dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre la posibilidad de que tanto empresas como el Gobierno estadounidense convoque a paneles de resolución de controversias en caso de que se viole el acuerdo, condición que podría cumplirse bajo los preceptos de la nueva reforma eléctrica.
Si se abre el panel, el proceso podría ser largo, y una resolución desfavorable sería bastante dolorosa para México. El tratado permite que el país afectado cobre los daños, incluyendo represalias comerciales en cualquier sector, apuntó Kenneth Smith, uno de los negociadores de México durante la modernización del tratado.
“Eso es lo que es de verdad doloroso, porque no tiene que estar acotado al mismo sector en el que está la demanda”, comentó durante su participación en el Foro IMMEX organizado por Index Nacional.
Una resolución en contra de México no obligaría necesariamente a revertir la reforma, pero el gobierno del país vecino podría poner un revés a la legislación como condición para retirar sus represalias, iniciando lo que Smith caracterizó como “una suerte de guerra comercial en el largo plazo”, añadió Smith.
En el caso de que sean empresas las que presentan una queja, tienen la opción de acudir a cortes internacionales, donde los procesos pueden alargarse hasta cinco años, con la posibilidad de reparación de daños a su favor.
“Ustedes imaginarán la magnitud de lo que podría significar esto en el sector energético, donde el monto de las inversiones son mucho mayores”, señaló Smith.
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