El desorden en la estrategia del gobierno de la Cuatroté para enfrentar la corrupción en la compra de medicinas generó mayor opacidad que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto porque se incrementaron las adjudicaciones directas a los proveedores al pasar de nueve mil millones de pesos en 2013 a 21 mil millones de pesos en 2019, revela una investigación de Impunidad Cero y Justicia Justa.
En “Operación Desabasto. Así se detonó la escasez de medicamentos”, investigación conducida por Alejandro Melgoza y Denise Tron, para la organización Impunidad Cero y Justicia Justa, se afirma que “se pasó de nueve mil 675 millones de pesos en contratos públicos adjudicados directamente en 2013, a 21 mil 47 mdp en 2019, siendo el 2019 el más alto hasta el momento”.
Si bien para el año 2020 bajó a siete mil 954 millones de pesos, las descripciones son las más “ambiguas en las bases de datos de Compranet a través de la nueva clasificación ‘otras contrataciones’. Es decir, no se aclara si es licitación o adjudicación”, insisten.
Los montos licitados públicamente se mantuvieron por arriba de las adjudicaciones directas entre 2013 y 2019. Pero en 2020 cambió esa tendencia, ya que se licitaron solo 781 millones de pesos, frente a los más de siete mil millones de pesos adjudicados.
Comprar bajo ese esquema implicó mayor riesgo de corrupción y posibilidades de nuevos registros para el desabasto de los medicamentos. Es decir, provocó “una inadecuada aplicación de la centralización de compras, la desorganización en los procesos de compras e inhabilitaciones a las principales distribuidoras, que aunado a la llegada de la Covid-19 en marzo, agravaron el problema en las cadenas de suministro”.
Aunque momentáneamente cubrieron el desabasto, la distribución y la logística de almacenaje y entrega de los medicamentos son aún temas sin resolver. Esto incluye de una manera muy particular a las vacunas contra el coronavirus –cuya entrega no ha cubierto aún ni uno por ciento- sobre todo cuando éstas se requieran llevar a las áreas de más complejo acceso.
Durante el proceso de transición de gobierno en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó un plan para que las compras públicas pasaran a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de reducir los costos y combatir la corrupción.
Para el gobierno de la Cuatroté ese cambio de paradigma se traducía en quitar facultades de compra a instituciones de nivel federal para que quedaran a cargo de un equipo de confianza. Sin embargo, ese cambio “ocasionó que se desbaratara el modelo de compra consolidada de medicamentos que, desde 2013, realizaba el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que inició como un programa piloto para disminuir precios y generar ahorros”.
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