En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, investigadoras y representantes de asociaciones civiles a favor de los derechos de las mujeres, entregaron una iniciativa a la comisión de Igualdad de Género para modificar la tipificación de violencia institucional y proponer sanciones penales y administrativas, incluso la destitución del cargo, a quien cometa este delito.
La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal del Estado, plantea una pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días-multa, así como la inhabilitación por dos a seis años para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, a quien tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos de las mujeres o su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Además, contempla una sanción de uno a tres años de prisión y de 100 a 200 días-multa y la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo, a quién discrimine públicamente la imagen de la mujer, asociándola a roles estigmatizados que impidan su empoderamiento o su acceso a la equidad de género o a una vida libre de violencia.
La representante en el estado del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Adelaida Salas Salazar, manifestó que es preocupante que se sigan violentando los derechos de las mujeres en las instituciones de gobierno, con la acción u omisión de los servidores públicos, por lo que pidió a las diputadas y los diputados de la Comisión que sean la voz de esta iniciativa.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, Ligia Vera Gamboa, añadió que con esta propuesta se busca que se elimine la impunidad en el país, con la armonización de las leyes que se trabaja a nivel federal, aunque “no queremos que metan a todos a la cárcel, sino hacer conciencia de lo que representa cada una de las personas en las instituciones, trabajar unidos por un mundo mejor”.
La coordinadora de la Fracción de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, agradeció la presentación de esta iniciativa que busca el fortalecimiento de las instituciones, las cuales “levantan la nación porque son las que debemos mejorar y son las que darán a nuestros futuros hijos un país mejor”.
El coordinador de la bancada de Morena, Miguel Candila Noh, reconoció que la intención de la propuesta no es solamente encarcelar, “porque no están en contra del hombre, sino a favor de la igualdad” y cuando se cometa la primera agresión se separe del cargo.
La presidenta de la Comisión, Milagros Romero Bastarrachea (MC), señaló que existe voluntad en este cuerpo colegiado y en la LXII Legislatura de trabajar y hacer suya esta iniciativa.
En otros asuntos, se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen que reforma la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado en materia de perspectiva de género y consulta ciudadana, suscrita por la diputada del PRI, Janice Escobedo Salazar.
En dicha iniciativa se plasma que la perspectiva de género es para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promoviendo el avance igualitario de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.
En los mismos términos fue avalado el proyecto de dictamen para adicionar disposiciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, suscrita por la Fracción de Movimiento Ciudadano, en materia de unidades de igualdad de género, las cuales deberán crear cada dependencia, entidad o ayuntamiento.
Dichos órganos deberán contar con presupuesto suficiente para su funcionamiento, las cuales operarán de acuerdo al libre desarrollo de las políticas públicas observando en todo momento el principio de igualdad y tomando como base la política estatal en la materia.
La diputada Romero Bastarrachea, aclaró que estas unidades ya existen mediante convenio y lo que se aprueba es que se plasme en la legislación yucateca, por lo que no impacta en el presupuesto, ante la pregunta del diputado Miguel Candila Noh (Morena), sobre los recursos a asignar para su funcionamiento.
Por otro lado, continuó el análisis de la iniciativa para modificar el Código de Familia para el Estado, signada por la diputada del PRI, María Moisés Escalante.