La reforma que está en manos de Diputados NO es una reforma fiscal, sino penal.
Una cosa es prevenir y castigar la evasión fiscal, ya sea por ocultar ingresos o por comprobar gastos inexistentes con facturas falsas, y otra muy diferente es que hoy el Estado mexicano pretenda comenzar una persecución para obtener recursos violando derechos y libertades básicos como la presunción de inocencia, como sucedería con esta iniciativa propuesta por Morena.
Atentar contra la libertad y el patrimonio de los ciudadanos no cabe en un régimen democrático, sino en uno inquisitorio y expropiatorio.
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